Los beneficiarios serán las personas físicas adjudicatarias de inmuebles urbanos o rurales con destino a la construcción de vivienda única y exclusiva del grupo familiar, que no sean propietarios de otros inmuebles, y cuyos inmuebles hayan sido adjudicados por la provincia o sus municipios.
La ley establece un sistema para permitir “una eficaz y rápida formalización de los instrumentos necesarios para efectivizar la seguridad jurídica de la vivienda como derecho humano fundamental”.
Tendrán prioridad para acogerse a los beneficios dispuestos en la ley los grupos familiares en los que haya menores de edad o personas discapacitadas entre sus integrantes.
El autor de la iniciativa aprobada por unanimidad, Martín Doñate, argumentó en el recinto que la propuesta se inserta dentro del proyecto nacional que propicia el crecimiento con inclusión social, y tiene como objetivo contribuir a dar respuesta a una problemática severa que atañe a una gran parte de nuestra población: el acceso, en forma estable, a una vivienda digna y adecuada.
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